Jurisprudencia Nº 62

SEGUROS: PRESCRIPCIÓN. INTERRUPCIÓN. SUSPENSIÓN. LEY 24240. NORMATIVA APLICABLE.

1. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible, de acuerdo a lo establecido en la ley 17418: 58. Pese a las directivas que emanan de la LDC 3, tanto la Ley de Seguros, como la ley 20091, tienen preeminencia sobre aquélla, aún pese a la reforma de la ley 26361, por lo que resultan inaplicable sus previsiones sobre el plazo de prescripción.

2. Ello así, ante la existencia de una incompatibilidad entre ambos regímenes, no sólo de índole jurídica sino también práctica, motivo por el cual el plazo de prescripción contenido en la ley de seguros -que tuvo en cuenta entre otras cosas la valoración de riesgo económico específico de este tipo de contrataciones-, no podía considerarse alterado por la LDC.

3. La legislación tuitiva de los consumidores y usuarios tiene por objeto actuar como efectivo control de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado Nacional no interviene; siendo que en el caso del seguro, el Estado Nacional, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, aprueba las cláusulas de las pólizas y las primas y controla la actividad aseguradora y reaseguradora en general, resultando así la auténtica y genuina autoridad de control de la actividad aseguradora y reaseguradora “con exclusión de toda otra autoridad administrativa, nacional o provincial”.

4. La nueva redacción de la LDC 50 receptó la solución propiciada. El plazo de prescripción establecido por la norma citada ahora solo resulta aplicable a las sanciones administrativas que emergen de ella, puesto que se eliminó la referencia a las acciones judiciales que contenía en su anterior composición.

Fuentes Eduardo Héctor C/ Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. S/ Ordinario.  
Díaz Cordero – Ballerini. Cámara Comercial: B.  
Fecha: 20190619

Comentario
Un fallo que establece claramente que la prescripción en materia de seguros tiene el plazo anual del art. 58 de la Ley de Seguros (“Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.”).

Se había generado una polémica por la entrada en vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor.

Siendo la mayor parte de los seguros contratos de consumo, el plazo de 3 años parecía aplicable, teniendo en cuenta la regla de la norma más favorable al consumidor.

De todos modos, diversos pronunciamientos y la reforma del Código Civil (Ahora Código Civil y Comercial) relativa a la citada LDC, han aclarado que el plazo trienal corresponde sólo a las vinculadas a las sanciones administrativas que emanan de esa ley y no a los contratos de consumo que se rigen (en el caso del seguro) por la ley específica.

Más allá de este criterio, que es bueno tener en cuenta para no demorar los reclamos de los Asegurados contra sus Aseguradores, no quiero dejar de señalar una opinión personal que me parece adecuadas para una resolución más adecuada de la cuestión.

Entiendo que el plazo anual de la Ley de Seguros es muy reducido (en el derecho comparado no existe un plazo de esa magnitud o menor) y que merecería ser llevado a 2 o 3 años.

Recuerdo que, en las interesantes sesiones del Proyecto Planes propuesto por la anterior Superintendencia, se había arribado ya a un consenso, que incluía a los representantes de los Aseguradores, en el criterio de llevarlo a 3 años.

Este plazo trienal tendría varias ventajas: eliminaría la incertidumbre sobre si en un conflicto vinculado a un contrato de seguros de consumo tendría uno u otro plazo.

Además, emparejaría el plazo con el que el nuevo código ha fijado como plazo de prescripción para las acciones de reclamo por Responsabilidad Civil (art. 2561). Buena noticia tanto para los profesionales de la actividad tanto como para los aspirantes en sus cursos y exámenes.

SEGUROS: VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR. LEY 17418: 56. 11.SEGURO DE PERSONAS.

La regla contenida en la ley 17418: 56 es aplicable a los seguros de vida e incapacidad (v. La razón de ello es que la aludida norma se encuentra dentro del Capítulo I de la ley de la materia referido a las “Disposiciones generales”, mientras que el “Seguro de Vida” se halla regulado en el Capítulo III sobre “Seguro de personas”. Así, aquellas normas generales del Capítulo I son aplicables a los restantes seguros específicos con las adaptaciones lógicas que resultan de cada uno (vgr. arts. 133, 136, 137), pero en modo alguno esas adecuaciones inciden en el tiempo que tiene el asegurador para pronunciarse (cfr. Alfano, en “El contrato de seguro de personas”, Buenos Aires, 2004, pág. 73; Stiglitz, “Derecho de Seguros”, Buenos Aires, 2004, T° II, págs. 279 y sig.; Rouillón, “Código de Comercio, comentado y anotado”, Buenos Aires, 2005, T° II, págs. 88 y sig.).

Cabaña Juan Julio C/ Smg Life Seguros De Vida SA S/ Ordinario.-
Garibotto – Heredia – Vassallo. /Cámara Comercial: D. /Fecha: 20190704

Comentario
Un buen fallo para aclarar los tiempos de algo tan significativo como la fecha en que deben pagarse los siniestros, sean patrimoniales o de personas. La redacción de la ley parecía dejar una nebulosa o, para algunos, una distinción entre uno y otro tipo de personas.

El art. 49 Época de pago, el primer párrafo establecía que en los seguros de daños patrimoniales se pagará dentro de los 15 días de que quedase determinado o acordado el monto de la prestación. Coma mediante, dice “una vez vencido el plazo del art. 56” (los famosos 30 días para expedirse sobre la procedencia).

Párrafo seguido, dispone que en los seguros de personas el pago se hará dentro de los 15 días de notificado el siniestro, o de acompañada la información complementaria del art. 46, párrafos 2° y 3°.

Esa diferencia hacía pensar (o sostener) a algunos que la falta de mención del art. 56 en ese párrafo, hacía inaplicable el mismo en los Seguros de Personas. Si alguien pensara que el argumento apuntaba a otorgar una tramitación más favorable al Asegurado o Beneficiario, debería dejarlo de lado. Pues esa diferencia se alegaba, usualmente, para decir que lo que no se aplicaba era aquello que cierra ese artículo 56 : ”La omisión de pronunciarse importa aceptación”.

El fallo procura mantener esa tan importante carga del Asegurador frente a la denuncia del siniestro, señalando que como el mismo se encuentra dentro de las Disposiciones Generales de la ley, resulta aplicable a todo tipo de los seguros previstos en la ley.

SEGUROS: VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR. MORA. EFECTOS. ACTUALIZACIÓN.

Tratándose de un contrato de seguros, en el que la aseguradora no se pronunció sobre el derecho del asegurado, este Tribunal tiene dicho que la mora opera automáticamente y el dies a quo debe computarse desde el vencimiento del plazo de 45 días que comienza a correr desde que se efectúa la denuncia del siniestro, como resulta del juego armónico de la ley 17418: 49 y 56. (CNCom. Sala B, in re “Medina, Norma Isabel y otros c/ Caja de Seguros de Vida SA s/ ordinario”, del 26/4/19, entre muchos otros).
López Carlos Alfredo y Otros C/ Federación Patronal Seguros S.A. S/ Ordinario.
Díaz Cordero – Ballerini./Cámara Comercial: B. /Fecha: 20190619

Comentario
Este fallo se vincula claramente con lo comentado en el fallo anterior. Aquí también aplica una carga de intereses moratorios sobre el monto de la indemnización del siniestro.

Y para fijar el “dies a quo” (latinazgo que usan los jueces para decir “desde cuándo) señala 45 días desde la denuncia del siniestro por los arts. 49 y 56 combinados. O sea, que dicen que se suman esos 30 días del 56 y, ante el silencio del Asegurado, a los 15 días subsiguientes debe pagar (art. 49).